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Nueva ley de semillas; derechos para las empresas y obligaciones para los usuarios.

Ya pasaron 8 años de los frustrados embargos a los cargamentos de productos de soja argentina en puertos europeos. Este fue el inicio de una discusión, de casi una pelea entre la industria semillera y los productores aún no resuelta. La Justicia internacional desestimó aquellos embargos y llevó a las empresas a buscar otro camino para conseguir reformar la ley de semillas 20247 aún vigente pero a punto de se ser derogada por otra nueva que reconoce muchos derechos a los obtentores y pocos o casi ninguno a los usuarios.

En nuestro país entre el 25 al 30% de la semilla de soja es fiscalizada, el resto es uso propio contemplado por la ley vigente. Por lo tanto cada 3 o 4 años se estaría cambiando el total de la semilla. Existe cierta ilegalidad en el uso de semillas, así como también la hay en la producción y comercialización.

La agricultura Argentina con la actual ley 20247, permite desarrollar un mercado anual de semillas fiscalizada de soja de unas 6 millones de hectáreas, la mayor superficie latinoamericana después de Brasil.

El tamaño de nuestro mercado asegura la evolución de la tecnología. Se trata de un negocio rentable y millonario. Prueba de ello es que nuevas empresas se suman año a año al negocio y se expanden.

La ley de semillas vigente regula el accionar de las grandes empresas, favoreciendo la subsistencia de los pequeños semilleros. El reconocimiento de los derechos intelectuales esta incluido en el precio de la bolsa de semilla.

La agricultura Argentina no tiene subsidios, por el contrario tiene una altísima carga impositiva y retenciones. Dentro de este esquema los productores aumentamos año tras año la producción y la industria semillera se desarrolla con rentabilidad.

Sin embargo la fuerte presión ejercida ante un gobierno poco proclive a defender los derechos de los agricultores y si los de los grandes monopolios, dio sus frutos y la Comisión Nacional de Semillas (Conase) elaboró un proyecto de ley de semillas que de aprobarse en la legislatura terminará con los derechos de los productores cercenando y desconociendo el derecho de uso propio.

La nueva ley propuesta sin consensos, ya que los usuarios estamos en absoluta minoría, elimina como ya dijimos el uso propio a todos los productores, exceptuando sólo a aquellos registrados en el Renaf (registro de agricultura familiar) quienes en realidad no producen cereales u oleaginosas. Todo productor que quiera reservar parte de su propia cosecha para una próxima siembra, deberá solicitar autorización al obtentor que registró ese cultivar, hacer una serie interminable de trámites y pagar derechos intelectuales de acuerdo al criterio del obtentor.

Consideramos de suma importancia mantener el derecho de sembrar los granos cosechados, de manera gratuita u onerosa, y que quede bien claro, estamos dispuestos a pagar cargos, regalías o royalties por este uso, pero no podemos apoyar que la ley nos obligue a pedir permiso para sembrar nuestro propio grano.

La ley propuesta nada dice respecto de la incorporación de “eventos” biotecnológicos, los deja librados a las leyes de patentes, y se va a dar entonces la paradoja que un usuario que compre una bolsa de semilla deba celebrar un contrato privado con quien registró ese gen como propio. No aceptamos que cuando compramos una semilla, debamos pagarle a una empresa la genética, y a otra la biotecnología, porque la semilla es una unidad y la nueva ley lamentablemente no lo entiende de esta manera.

Vemos con preocupación el posible avance desmedido de la biotecnología, el concepto de variedad esencialmente derivada da pie a la desaparición de los pequeños criaderos, y a posibles abusos y riesgos ambientales imprevisibles. En pocos años las malezas han generado resistencia o tolerancia al glifosato, ¿qué nos puede deparar el futuro con super plantas resistentes a varios herbicidas, insectos u hongos? ¿Será nuestro próximo desafío el tener que deshacernos de plantas “terminator”?

La nueva ley no puede dejar librada a los privados la decisión de incorporar eventos tras eventos y crear plantas no deseadas. Debiéramos ser más responsables con el futuro y esperamos que nuestros legisladores lo sean.

Escrito por Roberto Campi, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Pergamino.